(6/11/18) La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro rechaza rotundamente la reforma en la carrera profesional del sector sanitario que fue aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, imprimiendo modificaciones sustanciales al régimen que venía rigiendo desde 1986, mediante la ordenanza 41.455 que ahora quedó derogada.

La Ley -una reforma laboral encubierta aprobada de manera exprés sin ninguna discusión- flexibiliza notablemente las condiciones laborales y plantea una nueva carrera que no incorpora a los licenciados en enfermería, trabajadores de bioimágenes e instrumentadores quirúrgicos, entre otros, discriminando a una gran cantidad de profesionales que quedan desprotegidos, con salarios inferiores y menos derechos, siendo que son parte fundamental del equipo de salud. Cabe destacar el sector de enfermería, que representa un alto porcentaje de quienes se desempeñan en los hospitales cubriendo necesidades de atención básicas.

Debe señalarse, además, el nefasto sistema de evaluaciones que impulsa la ley, mediante el cual cada dos evaluaciones negativas un profesional de la salud podrá ser pasado a disponibilidad, una forma encubierta de despido. Plantea, también, una extensión de la jornada laboral, pasando de un mínimo de 24 horas semanales a 30, aumentando la flexibilización laboral.

Asimismo, en algunos artículos, el escrito atenta también contra la organización sindical, atacando el derecho a huelga y los cargos representativos.

Para el gremio, con esta ley de la Carrera Profesional el Gobierno sigue dando cuenta de lo poco que le importa garantizar el derecho a la salud, no solo avanzando en la degradación del área, que pasó de Ministerio a Secretaría, sino imponiendo una reforma laboral para el sector de la salud, en línea con el sistema de Cobertura Universal de Salud (CUS) de clara lógica empresarial, que fue rechazado por unanimidad en el Plenario de Delegados que se llevó adelante recientemente en Cipolletti.

Es así que ATE alerta ante esta nueva avanzada, que tiene su laboratorio de prueba en la capital del país, pero que el Gobierno Nacional puede extender al resto del territorio.