Así lo resaltó el Lic. Hugo Magonza, Presidente de ACAMI y Director General de CEMIC, en relación a la medida tomada por el Gobierno de permitir a las prepagas ofrecer ese tipo de planes.
Consenso Salud entrevistó al Lic Hugo Magonza Presidente de ACAMI y Director General de CEMIC para saber qué opinaba sobre la medida tomada por el Gobierno de permitirle a las empresas de medicina privada ofrecer a sus afiliados planes parciales.
-¿Cómo recibieron la decisión del Poder Ejecutivo de permitir a las prepagas ofrecer planes parciales?
-Era una noticia esperada y fundamentalmente una decisión que, en sí misma, es un acto de justicia. La posibilidad de adquirir Planes Parciales está basada en el derecho de las personas de pagar por la cobertura que necesitan y completar los servicios que ya tienen. Estos derechos preexistentes, son obligación del Estado según lo previsto en la Constitución Nacional y financiados por el presupuesto público, a través de los impuestos y por la seguridad social en el caso de empleados en relación de dependencia, o aportantes al monotributo. Esto último, financiado a través de aportes y contribuciones, ambas son formas de acceder a una cobertura integral de la salud de naturaleza obligatoria e irrenunciable. La ley 24754 del 1/4/1997, asimiló la cobertura médica privada a la seguridad social (según lo establecido en ese momento por la Resolución 247/96 PMO). Esto no fue otra cosa que un avasallamiento, liso y llano, del derecho de libre contratación tanto para las entidades que se vieron impedidas de ofrecer, como para las personas que se vieron obligadas a contratar, una canasta de servicios más allá del interés y posibilidades. El golpe final lo dio la ley 26682 ( de Regulación de la Medicina Prepaga) del 17/05/2011, que no solo reguló precios del sector privado con un modelo de ajuste que, en su aplicación, vulneró los propios principios de la ley, sino que rompió la solidaridad de sistema, obligando a incorporar a personas con patologías preexistentes o personas mayores con el costo incremental que esto supone, obligando a todos aquellos que habían pagado durante décadas para estar protegidos en la vejez o la enfermedad tuvieran que financiar a todos aquellos que nunca habían aportado al sistema. Todo ello, sin entrar en los detalles de los mayores costos que implicaron las nuevas leyes que ampliaron la cobertura por enfermedad o asistencia social y no médica, lo que género que en forma directa se transfirieran responsabilidades del Estado al sistema privado y cargado a los asociados de estas responsabilidades y mayores costos.
-¿Se puede considerar como una medida que traerá alivio al sector de la medicina privada?
-Esta es una herramienta más y muy útil, primero por lo expuesto anteriormente, devolver el derecho a contratar y pagar por lo que la gente necesita y complementar con coberturas a las que el beneficiario ya tiene derecho (y no puede renunciar). Por otra parte, porque ante el incremento sostenido de los costos médicos se hace cada vez más difícil, sino imposible, que un individuo pague por el 100% de su propia cobertura. La creación de planes parciales también es una alternativa muy adecuada para momentos de dificultades económicas, donde la gente busca contener sus egresos sin perder servicios de calidad, con la posibilidad de acceder a planes de mayor cobertura cuando la situación mejore. Por consiguiente, además de devolverle la oportunidad de ejercer su legítimo derecho, sirve de contención a la espera de la mejora de las variables económicas y evita que la gente recurra al sistema público o de la seguridad social para recibir el 100% de la atención, incrementando la demanda en sistemas, que de por sí están muy demandados, permitiendo que otros pacientes con menos recursos accedan a la atención con menos demora.
-¿A ustedes quién se los comunicó? ¿Mantuvieron reuniones con algún funcionario?
-Este es un tema que hemos planteado desde la puesta en vigencia de la ley 24754, pero recién en los últimos años hemos tenido receptividad de parte del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Servicios de Salud. Si bien es algo en que veníamos planteando desde hace tiempo no tuvimos confirmación hasta su publicación en el Boletín Oficial.
-¿En cuánto tiempo cree que esta medida se puede empezar a llevar a la práctica?
-Esperamos que pronto se puedan poner en marcha, ya que en momentos en que las familias recortan gastos, su aplicación tendría un efecto muy beneficioso. Igualmente, hay un procedimiento que fija la ley que implica la presentación, por parte de las Entidades, de una solicitud de aprobación de estos nuevos planes a la Superintendencia de Servicios de Salud y ésta debe elevar el pedido para su aprobación a una comisión bi-ministerial, conformada por funcionarios del Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía.
-¿Qué beneficios trae para el afiliado tener este tipo de planes?
-Complementar coberturas, reducir gasto de bolsillo, mejorar los tiempos de acceso y le permite tener mayor posibilidad de elegir: cómo, dónde y con quién recibir una canasta de servicios.
-¿Cómo cree que esta opción será recibida por la gente, captará a personas que no tengan en la actualidad una cobertura?
-El que tiene un plan integral, quiera mantenerlo y tenga los recursos para pagarlo, probablemente y por un tiempo, mantenga su cobertura sin modificaciones. Será de gran utilidad como una cobertura complementaria para aquellos que ya tienen la opción atención dentro del Sistema Público o de la Seguridad Social y buscan un servicio específico o de mayor accesibilidad y confort a costos más accesibles.