Así lo resaltó el Lic. Hugo Magonza, Presidente de ACAMI y Director General de CEMIC, en relación a la medida tomada por el Gobierno de permitir a las prepagas ofrecer ese tipo de planes.
Consenso Salud entrevistó al Lic Hugo Magonza Presidente de ACAMI y
Director General de CEMIC para saber qué opinaba sobre la medida tomada
por el Gobierno de permitirle a las empresas de medicina privada ofrecer
a sus afiliados planes parciales.
-¿Cómo recibieron la decisión del Poder Ejecutivo de permitir a las prepagas ofrecer planes parciales?
-Era una noticia esperada y fundamentalmente una decisión que, en
sí misma, es un acto de justicia. La posibilidad de adquirir Planes
Parciales está basada en el derecho de las personas de pagar por la
cobertura que necesitan y completar los servicios que ya tienen. Estos
derechos preexistentes, son obligación del Estado según lo previsto
en la Constitución Nacional y financiados por el presupuesto
público, a través de los impuestos y por la seguridad social en el
caso de empleados en relación de dependencia, o aportantes al
monotributo. Esto último, financiado a través de aportes y
contribuciones, ambas son formas de acceder a una cobertura integral
de la salud de naturaleza obligatoria e irrenunciable. La ley 24754 del
1/4/1997, asimiló la cobertura médica privada a la seguridad social
(según lo establecido en ese momento por la Resolución 247/96 PMO). Esto
no fue otra cosa que un avasallamiento, liso y llano, del derecho de
libre contratación tanto para las entidades que se vieron impedidas de
ofrecer, como para las personas que se vieron obligadas a contratar,
una canasta de servicios más allá del interés y posibilidades. El
golpe final lo dio la ley 26682 ( de Regulación de la Medicina
Prepaga) del 17/05/2011, que no solo reguló precios del sector privado
con un modelo de ajuste que, en su aplicación, vulneró los propios
principios de la ley, sino que rompió la solidaridad de sistema,
obligando a incorporar a personas con patologías preexistentes o
personas mayores con el costo incremental que esto supone, obligando a
todos aquellos que habían pagado durante décadas para estar protegidos
en la vejez o la enfermedad tuvieran que financiar a todos aquellos que
nunca habían aportado al sistema. Todo ello, sin entrar en los detalles
de los mayores costos que implicaron las nuevas leyes que ampliaron la
cobertura por enfermedad o asistencia social y no médica, lo que
género que en forma directa se transfirieran responsabilidades del
Estado al sistema privado y cargado a los asociados de estas
responsabilidades y mayores costos.
-¿Se puede considerar como una medida que traerá alivio al sector de la medicina privada?
-Esta es una herramienta más y muy útil, primero por lo expuesto
anteriormente, devolver el derecho a contratar y pagar por lo que la
gente necesita y complementar con coberturas a las que el
beneficiario ya tiene derecho (y no puede renunciar). Por otra parte,
porque ante el incremento sostenido de los costos médicos se hace cada
vez más difícil, sino imposible, que un individuo pague por el 100% de
su propia cobertura. La creación de planes parciales también es una
alternativa muy adecuada para momentos de dificultades económicas, donde
la gente busca contener sus egresos sin perder servicios de calidad,
con la posibilidad de acceder a planes de mayor cobertura cuando la
situación mejore. Por consiguiente, además de devolverle la oportunidad
de ejercer su legítimo derecho, sirve de contención a la espera de la
mejora de las variables económicas y evita que la gente recurra al
sistema público o de la seguridad social para recibir el 100% de la
atención, incrementando la demanda en sistemas, que de por sí están
muy demandados, permitiendo que otros pacientes con menos recursos
accedan a la atención con menos demora.
-¿A ustedes quién se los comunicó? ¿Mantuvieron reuniones con algún funcionario?
-Este es un tema que hemos planteado desde la puesta en vigencia de
la ley 24754, pero recién en los últimos años hemos tenido receptividad
de parte del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de
Servicios de Salud. Si bien es algo en que veníamos planteando desde
hace tiempo no tuvimos confirmación hasta su publicación en el Boletín
Oficial.
-¿En cuánto tiempo cree que esta medida se puede empezar a llevar a la práctica?
-Esperamos que pronto se puedan poner en marcha, ya que en momentos
en que las familias recortan gastos, su aplicación tendría un efecto
muy beneficioso. Igualmente, hay un procedimiento que fija la ley que
implica la presentación, por parte de las Entidades, de una solicitud de
aprobación de estos nuevos planes a la Superintendencia de Servicios de
Salud y ésta debe elevar el pedido para su aprobación a una comisión
bi-ministerial, conformada por funcionarios del Ministerio de Salud y el
Ministerio de Economía.
-¿Qué beneficios trae para el afiliado tener este tipo de planes?
-Complementar coberturas, reducir gasto de bolsillo, mejorar los
tiempos de acceso y le permite tener mayor posibilidad de elegir: cómo,
dónde y con quién recibir una canasta de servicios.
-¿Cómo cree que esta opción será recibida por la gente, captará a personas que no tengan en la actualidad una cobertura?
-El que tiene un plan integral, quiera mantenerlo y tenga los recursos para pagarlo, probablemente y por un tiempo, mantenga su cobertura sin modificaciones. Será de gran utilidad como una cobertura complementaria para aquellos que ya tienen la opción atención dentro del Sistema Público o de la Seguridad Social y buscan un servicio específico o de mayor accesibilidad y confort a costos más accesibles.