Referentes mundiales y nacionales presentaron aspectos metodológicos y la importancia de la evidencia clínica y económica para poder avanzar en la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
“Todos los países, incluso los más ricos, se enfrentan con el dilema de disponer de recursos limitados con necesidades crecientes. Esto significa tener que priorizar, lo cual implica elegir qué tecnologías serán cubiertas, para quiénes, en qué circunstancias, con qué presupuesto y a qué precio”, expresó hoy el secretario de Gobierno de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, durante la inauguración del seminario internacional Hacia la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Argentina. El funcionario agregó que por esa razón es “importante trabajar en un marco normativo que de cabida a políticas de cobertura más explicitas, más objetivas y transparentes”.
Rubinstein explicó que la falta de un marco normativo y regulatorio claro que defina las políticas de cobertura puede significar que quien más necesita un medicamento no sea quien lo obtiene, y que quien finalmente lo obtiene no es quien más lo necesita, sino el que tiene mayor influencia sobre las autoridades sanitarias o más predicamento para lograr amparos judiciales. “Aquí no sólo está en juego la eficiencia o la efectividad de un medicamento o tecnología sino también la equidad y nosotros tenemos que cuidar que los beneficios lleguen a todos por igual”, destacó durante la jornada internacional que organizó la Secretaría de Gobierno de Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la Academia Nacional de Medicina.
Según el funcionario, el gasto en salud en la Argentina es uno de los más altos de América Latina, con cerca del 10 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). Este proceso se aceleró en las últimas dos décadas por la aparición masiva de nuevos medicamentos, dispositivos y prácticas, en muchos casos más efectivas pero al mismo tiempo más costosas. Es por eso que “necesitamos contar con evidencia científica robusta para tomar decisiones transparentes y legítimas a la hora de fijar prioridades”, aseguró Rubinstein y aclaró que “no sólo se trata de evidencia clínica sobre el beneficio de las intervenciones, que claramente tienen que ser la premisa fundamental para avanzar en la cobertura de servicios, sino también comenzar a pensar en cuáles son los métodos para evaluar mejor la evidencia económica de la implementación de estas intervenciones”.
Durante la inauguración del seminario, Rubinstein estuvo acompañado por la especialista líder en Protección Social del BID, Ignez Tristao, quien agradeció poder acompañar al Ministerio de Salud y Desarrollo Social en un proyecto de colaboración técnica sobre el papel de la evidencia científica y económica en la toma de decisiones sobre coberturas y asignación de recursos en salud.
“Todos los países tienen necesidades amplias con recursos disponibles que quedan mucho más por debajo de las necesidades y esa es una realidad para todos los sectores, incluso el de salud. Es por eso que poder elegir en base al conocimiento ha tomado un rol muy importante en las decisiones de cobertura”, indicó Tristao.
La doctora en Economía comentó que el BID cuenta con plataformas de intercambio de conocimiento y aprendizajes regionales ya que “en las políticas de salud moderna, el uso de la evidencia económica y de la evaluación de tecnología ha pasado a tener un rol clave en la generación de información relevante que puede ser considerada en el proceso de toma de decisiones, siempre teniendo en consideración que el objetivo último es mejorar el nivel de salud y que a la vez sea equitativo con los recursos disponibles”.
El seminario internacional contó con la participación de un referente global en la materia, el profesor de la Universidad de York y consultor del National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Michael Drummond, quien brindó dos conferencias magistrales sobre el uso de la evidencia económica para la toma de decisiones y sobre el funcionamiento de las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias en el mundo, además de las ventajas, desventajas y el potencial de aplicabilidad de los modelos internacionales en Argentina.
Además, un panel conformado por la jefa de Gabinete de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, Analía López; la representante de pacientes en la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (CONETEC), Luciana Escati Peñaloza; la representante del Consejo Federal de Salud (COFESA) y RedArETS, Jorgelina Álvarez; el rector de la Universidad ISALUD, Rubén Torres; y el presidente del Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social, Gabriel Lebersztein, debatió sobre la definición de políticas de cobertura, las guías de práctica clínica y judicialización de las decisiones, la situación actual en Argentina y la futura Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías (AGNET).
Durante el transcurso de la tarde también se desarrollaron paneles sobre la actuación de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (CONETEC) y sobre la importancia que tiene hoy la evidencia económica en Argentina para las decisiones de cobertura y sobre cuál se espera que sea el rol de la f AGNET.