El sindicato de Enfermería pide soluciones a Marlaska para acabar con el «grave déficit de plantillas»
El sindicato de Enfermería, Satse, ha pedido a Fernando Grande-Marlaska que, en su nueva etapa al frente del Ministerio del Interior, agilice el proceso de traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, ya que la situación de las enfermeras que trabajen en los centros penitenciarios es cada vez más “insostenible”.
Una vez que Grande-Marlaska ha tomado posesión de su cargo al frente del Ministerio del Interior, Satse insiste en la urgente necesidad de dar una solución definitiva a un problema enquistado desde hace años y que se ha agravado en los últimos tiempos. En la actualidad, hay de media solo una enfermera para atender a 100 personas privadas de libertad.
Transcurridos más de quince años desde que se debía haber producido el traspaso de la sanidad penitenciaria, un total de quince gobiernos autonómicos siguen aún sin gestionar los servicios sanitarios que se ofrecen a las personas privadas de libertad en los centros de sus respectivos territorios, manteniéndose así una clara discriminación con respecto al resto de ciudadanía, al recibir una atención diferente y en peores condiciones, apuntan desde el Sindicato.
| 60.000 personas se encuentran privadas de libertad en las cárceles españolas |
«Ante esta lamentable realidad», desde Satse se reclama de nuevo a Grande-Marlaska que priorice las negociaciones con los gobiernos autonómicos para propiciar el traspaso de los servicios sanitarios penitenciarios dependientes aún del Gobierno central, con la excepción de Cataluña y Euskadi, que ya cuentan con las competencias pertinentes. «Las últimas informaciones apuntan que las conversaciones se encuentran bastante avanzadas en el caso de Andalucía, Baleares y Navarra».
La organización sindical recuerda que existe un grave déficit de enfermeras, así como de otros profesionales sanitarios, en los más de 90 centros penitenciarios que hay en nuestro país, lo que conlleva una peor atención y menos segura para las 60.000 personas que se encuentran privadas de libertad en todos ellos.
Desde Satse se subraya que, en la actualidad, coexisten dos sistemas sanitarios públicos que están desarrollando sus funciones de forma paralela, «duplicando, en ocasiones, recursos, y que no mantienen unos canales de comunicación y coordinación adecuados». Por ello, las personas privadas de libertad no disfrutan de una asistencia sanitaria en condiciones homologables a la que reciben el resto de ciudadanos.
500 euros al mes
En lo que respecta a las enfermeras, el Sindicato recalca que se han convertido en profesionales sanitarios “para todo”, viéndose obligados a realizar funciones que no les corresponden, como la asistencia de graves urgencias (sobredosis de drogas, intentos de ahorcamiento, autolesiones, cardiopatías isquémicas, insuficiencias respiratorias…)
A nivel retributivo, las enfermeras también sufren una clara discriminación con respecto a sus compañeros que trabajan en los servicios de salud, «al cobrar cerca de 500 euros menos al mes, -afirman desde Satse-, apuntando que no se tienen en cuenta tampoco las especiales condiciones de peligrosidad y penosidad que son inherentes a su desempeño laboral».
En definitiva, el Sindicato concluye que estos profesionales «trabajan en un entorno especialmente difícil e inseguro y no pueden disfrutar de las mismas condiciones laborales a nivel retributivo y en otros conceptos». Por ello, defiende que, una vez sea transferido el personal a las comunidades autónomas, éste se convierta en personal estatutario del servicio de salud correspondiente, con la consiguiente equiparación salarial y laboral, «algo a lo que desde Satse no se renunciará ni se escatimarán esfuerzos para lograrlo».