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Pasados 18 meses desde que se aprobó la reforma de la ley de ART, creando la Ley Nacional de Riesgos de Trabajo, las aseguradoras hicieron un balance positivo, pero no ocultaron su preocupación por las asignaturas pendientes que continúan siendo centrales y las mismas que hace varios meses.
Entre los aspectos positivos, se destacan la reducción de juicios que ingresan al sistema, el grado favorable de jurisprudencia y la adhesión de un importante número de provincias. Sin embargo, expresan desde la Unión de Asociaciones de Riesgo del Trabajo (UART), la creación y puesta en marcha del Cuerpo Médico Forense o Cuerpos Médicos Periciales conformados por médicos especializados sigue siendo una deuda.
Los cuerpos y comisiones médicas que los trabajadores deben pasar en caso de un accidente laboral antes de iniciar un potencial juicio, continúan sin ser implementados, afectando al stock de 340.000 juicios pendientes y la evolución de nuevos juicios que surjan. Para la UART, esa situación genera «una amenaza a la sustentabilidad del sistema».
De acuerdo a cálculos a marzo, la valuación de las incapacidades tiene un nivel de variación que si se aplicara a todos juicios abiertos, el costo final sería de 10.600 millones de dólares.
Riesgo de mayores desequilibrios que afectan el costo argentino
El grupo que nuclea las aseguradoras advierte que el ritmo actual de implementación de la reforma presenta una situación de «descontrol pericial en el ámbito judicial que profundiza el desequilibrio entre las primas cobradas por las aseguradoras y los pasivos a afrontar».
Ese desequilibrio, junto con la masa de juicios laborales abiertos, es parte de la ecuación del ‘costo argentino’ que tanto consignan desde el empresariado como uno de los grandes pesos en el sector privado. Una implementación plena de la reforma, explican, sería parte del esfuerzo de bajar dicho costo para incentivar el emprendedurismo y la creación de puestos de trabajo.
Sin que se pongan en marcha los Cuerpos Médicos, aseguran desde la UART, «la Reforma se encuentra a mitad de camino en el alcance de los objetivos de baja de litigiosidad».
Para la agrupación privada, el potencial de esa baja no puede ser subestimado, ya que de mantenerse la tendencia observada durante el primer semestre del año, para fin de año los nuevos juicios llegarían a 86.000, que desde UART explican es «un valor mucho más bajo que el del año anterior».
Fuente: Infobae