Lo revela un informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Lo adjudican a la creación de comisiones médicas que revisan a los trabajadores antes de ir a la Justicia
Desde que entró en vigencia la ley 27.348 «Complementaria de la de Riesgos de Trabajo» bajó la litigiosidad por accidentes laborales un 28,3%. Da cuenta de la estadística el informe elaborado por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo (SRT) que contempla los meses que van de marzo a octubre de 2017, ya que la ley se sancionó en febrero.
El motivo central de la baja es que la normativa creó la comisiones médicas que son la instancia previa y obligatoria a que un trabajador recurra a la Justicia frente a un accidente. A esta iniciativa se le sumó que en distintos distritos adherentes se fueron abriendo sedes de comisiones técnicas para acercar a los damnificados la estructura estatal necesaria para descomprimir las dependencias porteñas que colapsaban (en abril Jorge Triaca inauguró la primera en Lanús).
El dossier da cuenta que en el mes de octubre de 2017 se notificaron 10.771 nuevos juicios en el conjunto del sistema, acumulando desde marzo (primer mes de vigencia) a octubre un total de 88.067 actuaciones judiciales, lo que implicó una reducción del 28,3% en comparación con los juicios ingresados en marzo. Desmenuzando y en el mismo período, se puede tomar de ejemplo Córdoba y CABA: bajaron, respectivamente, un 50,8% y un 48%.
Por ahora adhirieron 10 provincias y el anhelo del Gobierno es que se sumen todas. Además de CABA y Córdoba adhirieron también la Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Río Negro, Jujuy, San Juan, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Corrientes. Y en Salta tiene media sanción en Diputados.
Paréntesis: la reforma laboral, que por ahora tiene horizonte de tratamiento en marzo con futuro incierto, tiene su capítulo para bajar la litigiosidad. Para aquellos trabajadores que vean alteradas sus condiciones de trabajo (supóngase cambio de horario) podrán recurrir a la Justicia, pero a los tribunales ordinarios y no a los laborales. ¿La diferencia? Que los ordinarios pueden tardar años en resolver la cuestión contra sentencias sumarísimas en el ámbito laboral. En definitiva, busca también desalentar la industria del juicio, que según había dicho Triaca en un almuerzo organizado en octubre pasado «hay unos 60 estudios de abogados que el año pasado se llevaron unos 600 millones dólares».
Fuente. Clarín