La reducción salarial a los servidores públicos violenta el derecho a una remuneración justa
El Colegio de Enfermeras y Enfermeros del Azuay (CEA) ha expresado a través de un comunicado su “desacuerdo” con las medidas económicas adoptadas por el Gobierno, en particular con la reducción de las escalas salariales a los servidores públicos.
“Las enfermeras y enfermeros constituimos la mayoría del personal de salud, el 47 por ciento laboramos con la modalidad de contrato ocasional y en algunas instituciones ese porcentaje aumenta sustancialmente. Luego de años de lucha se consiguió el sueldo básico (inicio de carrera puesto SP5) de 1.212 dólares. Con las medidas del Gobierno, hoy se le reduciría 226 dólares, lo que perjudica la economía de nuestras familias, por otro lado, la decisión de reducir puestos de trabajo, nos mantiene en una situación de zozobra e incertidumbre, pues no se conoce a quienes van a enviar a la desocupación”, ha dicho María Merchán, presidenta del CEA.
Por este motivo, el CEA ha exigido al Gobierno la revisión de estas medidas. “Creemos que la reducción de personal no debe darse en las áreas de salud, pues al momento existe un déficit, debido al aumento de número de usuarios y a la complejidad de los servicios que se prestan en las unidades de salud. Así mismo pedimos que se haga una excepción al ajuste salarial, a quienes estamos expuestos a riesgos, biológicos y físicos, ya que trabajamos directamente cuidando la salud o educando a la gente”, ha señalado Merchán.
Según ha indicado, para los trabajadores que mantienen una relación de dependencia con las instituciones estatales y bajo contrato ocasional, la reducción de los sueldos en dos escalas salariales es una medida “indebida”, puesto que violenta el derecho a una remuneración justa.
Para Merchán, esta medida también perjudicaría a todos los profesionales que son contratados para el ‘Año de Salud Rural’, ya que sus necesidades económicas aumentan debido a que tienen que desplazarse de sus lugares de residencia, por lo que, requieren pagar “arrendamiento, alimentación y transporte”.
Las medidas adoptadas por el Gobierno generarán el encarecimiento de la canasta básica y afectará la economía familiar de la mayoría de la población, “impidiendo la satisfacción de las necesidades vitales y sociales”, lo que a su vez incidirá en el aumento de los problemas de salud, ha agregado la gremialista.