Representantes del gobierno peruano, organizaciones de empleadores, trabajadores y otros actores clave se reunieron en Lima para reivindicar la importancia de incluir el derecho fundamental de los trabajadores a la seguridad y salud en el trabajo como pilar fundamental del Plan Nacional de Acción (PNA) sobre Empresas y Derechos Humanos.
Bajo la convicción de que un trabajo decente es un trabajo seguro, expertas de OIT expusieron los estándares internacionales sobre seguridad y salud en el trabajo, y experiencias concretas sobre cómo alcanzar estos estándares en el país.
Teresa Torres, de la Oficina de la OIT para los Países Andinos, recordó que cada día más de 2,78 millones de personas mueren a causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo. “Además, anualmente ocurren unos 374 millones de lesiones no mortales relacionadas con el trabajo”, dijo Torres.
“Crear entornos laborales seguros exige fomentar una cultura de prevención continua. Precisamente, las Normas Internacionales del Trabajo de OIT brindan a gobiernos, empleadores y trabajadores la guía para crear políticas y programas nacionales para evitar accidentes y enfermedades laborales”, recordó.
Por su parte, Olga Orozco, coordinadora regional del proyecto CERALC que ejecuta la OIT, enfatizó la importancia del diálogo social al interior de las empresas como mecanismo fundamental para que empleadores y trabajadores impulsen juntos planes de prevención efectivos. “La OIT ha acumulado evidencia sobre cómo se puede reducir en más de un 20% la incidencia de accidentes en el trabajo si se promueven sistemas de gestión empresarial basados en la cooperación entre los miembros de la empresa”, remarcó.
Por su parte, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla Vergara, afirmó que el tema de la seguridad y salud en el trabajo es una prioridad para el gobierno peruano y formará parte del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que se encuentra en proceso de elaboración.
“Todas las empresas, independientemente de su ubicación, tamaño, sector, contexto operativo, estructura y propietarios, deben actuar de modo de alcanzar crecientemente los más altos estándares de salud y seguridad para todos sus trabajadores”, dijo la ministra. “Por su parte, los gobiernos deben fomentar que ello ocurra; de esta manera, pueden convertirse en poderosos impulsores de los derechos humanos”, agregó.
Asimismo, saludó la presencia de representantes de la OIT y de los actores tripartitos del mundo del trabajo: la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP).
El nuevo proyecto de Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC) , financiado por la Unión Europea (UE) e implementado en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), promueve un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en la UE y en América Latina y el Caribe, mediante el apoyo a prácticas de conducta empresarial responsable, en línea con los instrumentos de las Naciones Unidas, la OIT y la OCDE.